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La Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) nace en el año 1961 con el objetivo de consagrar el derecho de obtentor sobre las semillas (equivalente al derecho de propiedad). Desde entonces este organismo internacional, ha colaborado en la mercantilización y la apropiación de las semillas, fortaleciendo a las corporaciones del agro y criminalizando la práctica de su libre uso e intercambio.

Como “Agricultores del Bicentenario de Huancavelica” fueron reconocidas 182 familias agricultoras de 16 comunidades campesinas de cinco distritos y recibieron las retribuciones otorgadas por el Ministerio del Ambiente (Minam), en mérito a sus esfuerzos por garantizar la seguridad alimentaria y conservar la agrobiodiversidad, patrimonio genético del país.

“Robar Tierras Públicas es un crimen”. Con esta consigna la Federación Nacional Campesina abrió el martes una Jornada Nacional de Protesta contra la modificación del Código Penal que busca convertir en crimen la lucha por la tierra. Así también diversas organizaciones se alistan para movilizarse el día jueves durante el tratamiento del mencionado proyecto en la Cámara de Senadores.

La ministra de Agricultura chilena explicó que la situación es producto del cambio climático y señaló que más de 5 millones de personas sufren las consecuencias de la escasez hídrica.

El megaproyecto de infraestructura “tren maya”, promovido por el gobierno federal, cuenta con inversiones alemanas involucradas en su planificación, construcción y puesta en marcha. Entre ellas, las corporaciones DB Consulting & Engineering, SIEMENS y TÜV Rheinland, así como la conexión con empresas de la industria de las armas alemanas.

Bilaterals.org y Amigos de la Tierra Internacional se reunieron para crear una nueva herramienta de apoyo a los movimientos sociales, a investigadores, periodistas y diseñadores de políticas en el análisis del impacto del mecanismo de solución de controversias inversionistas-Estado (ISDS) en los acuerdos de comercio e inversión.

Indígenas protestan contra la invasión y el avasallamiento sistemático de sus territorios y planean llegar a la ciudad Santa Cruz de la Sierra el 24 de setiembre.

Ordenanza municipal reconoce a la Madre Agua – Yaku-Unu como un ser viviente sujeto de derechos, que permita garantizar su protección, conservación y regeneración frente a los fuertes impactos de actividades humanas como la contaminación minera y la pérdida de la biodiversidad.