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En tiempos del coronavirus que afecta al mundo entero, por fin empezamos a ver y valorar la importancia del trabajo que realizan cotidianamente nuestras familias campesinas indígenas originarias de la Costa, los Andes y la Amazonía peruana, quienes proveen el 80% de alimentos a la canasta familiar. 

La Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR) denunció el asesinato de una defensora campesina en Monjarás por guardias de seguridad de una empresa azucarera. Otros seis campesinos resultaron heridos.

Una peligrosa presión están ejerciendo empresarios de la industria salmonera y camioneros concesionarios que dependen de estos, luego de las medidas sanitarias para el archipiélago de Chiloé que han logrado las protestas sociales para que se establezcan medidas sanitarias con el fin de resguardar la salud pública de la población ante la emergencia sanitaria por la pandemia Covid 19 y las faltas de condiciones hospitalarias para enfrentar una crisis por contagios.

En plena cuarentena a nivel nacional, el desmonte no cesa. Esta vez le tocó a uno de los bosques más conservados de todo el ecosistema del Gran Chaco. El contexto de excepción por el coronavirus dilata una respuesta oficial ante la denuncia de desmonte sobre una superficie de 8.000 hectáreas en la Estancia La Fidelidad.

El coronavirus en Paraguay ha dejado al desnudo, no solo el pobre sistema de salud, también lo descontrolados que pueden ser los “linces [1]”, la vocación de endeudamiento de los gobiernos colorados, la opción por qué la crisis la paguen las y los trabajadores -sean formales o informales-, la violencia patriarcal en los hogares, la ineficiencia absoluta en la repartición de las migajas con las que pretenden que las familias más vulnerables sobrevivan a la cuarentena, el salario multimillonario de algunos funcionarios públicos.

La Coalición Mundial por los Bosques (GFC, por sus siglas en inglés) inició una serie de diálogos abiertos sobre la producción ganadera insostenible y sus alternativas. 

La Subcentral del Territorio Indígena Multiétnico (TIM 1), en el departamentos de Beni, decidió prohibir el ingreso de madereros, pescadores y cazadores ajenos a las comunidades, con el fin de evitar la caza, pesca y tala ilegal de árboles que se viene realizando en el periodo de cuarentena y sin ningún control estatal.

El pasado 30 de marzo más de 150 organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, enviaron una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación demandando medidas para que, dentro del estado de alarma actual, se proteja al campesinado y a la pequeña producción agroalimentaria.