Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"En lo que va del siglo, en México han perdido la vida 104 comunicadores. El mes pasado también mataron a Cecilio Pineda, en Guerrero, y Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz. Es en esta entidad donde ha habido más asesinatos de periodistas: 20 hasta hoy... En México también es peligroso y a veces mortal defender los recursos naturales, en especial el bosque y el agua."

Relatório da organização aponta que ocorrências cresceram 26% de 2015 a 2016; dados são os mais elevados em 31 anos. A publicação com os dados de 2016 foi lançada ontem (17), na sede da CNBB em Brasília. Entre os participantes estavam Dom Leonardo Steiner, secretário geral da CNBB e Divanilce Andrade, filha da Nicinha, militante do MAB assassinada em Rondônia.

El referente wichí de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, fue detenido luego de reclamar por los derechos de su pueblo. Según la familia, los jueces y fiscales son presionados para procesar y condenar al dirigente indígena.

Un viaje al interior del Paraguay campesino, la lucha por la tierra, por sus derechos, por mantener su identidad cultural y sus formas de producción frente al avance del modelo sojero agroexportador.

Las y los abajo firmantes repudiamos el desalojo de la Feria Campesina de Luján, llevado a cabo en el día de la fecha. El mismo fue llevado adelante por la Policía Local, que luego contó con el apoyo de personal de Tránsito de la Municipalidad de Luján y con la tristemente célebre Policía Bonaerense.

Publicações da Pastoral da Terra e do Instituto Socioambiental revelam aumento da violência contra indígenas, quilombolas e trabalhadores do campo.

Doña Máxima Acuña y su familia fueron homenajeados en el Congreso de la República a iniciativa de los congresistas del Frente Amplio Marco Arana, María Elena Foronda, Tania Pariona y Humberto Morales. Para mayor realce del acto participó el líder social don Hugo Blanco Galdós y su abogada Mirtha Vásquez.

El 2 de marzo 2016, Berta Cáceres fue asesinada por el gobierno local del departamento de Intibucá y por el gobierno nacional de Honduras, y por una compañía multinacional hidroeléctrica, Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con el apoyo -al menos tácito- de los Estados Unidos. En septiembre del año pasado, toda la evidencia que la familia Cáceres había recopilado durante meses fue robada, casi con seguridad, por el gobierno hondureño. El gobierno también se ha negado a compartir información con la familia y no ha permitido que instituciones independientes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apoyen el proceso.