Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La justicia ratificó el desalojo de la lof Quemquemtrew luego de meses de hostigamientos y violencia policial que terminó con el asesinato de Elías Cayicol Garay, en noviembre pasado. Soraya Maicoño y Nadia Silvera Nuñez narran el calvario al que la política racista y colonial someten a su comunidad en los territorios que les pertenecen ancestralmente, la importancia del cuidado de esas tierras y esos ríos y las alianzas estratégicas que están tejiendo con sus activismos cuerpo a cuerpo. 

"Reconocemos que el migrar no es un delito, es un derecho pero a la vez tenemos claro que la migración forzada no es una decisión individual ni inmadura. Es impuesta, repetimos, como medida de sobrevivencia, por ello las políticas migratorias son expresiones terroristas de los gobiernos y son también políticas racistas, neoliberales, xenófobas, sistemáticas, crueles, de exterminio, despojo, saqueo, destrucción y tortura que criminalizan la movilidad humana".

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) escribió una carta abierta al presidente Alberto Fernández. Le recuerdan que megaminería, fracking y agronegocio, entre otras actividades, violan los derechos humanos. Le solicita que tome medidas para desalentar acciones que perpetúen una matriz económica y productiva “insostenible y extractivista”.

¿Cuáles fueron las historias más leídas de Perú, Colombia, México, Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador? ¿Qué investigaciones impactaron a nuestra audiencia? ¿Cuáles fueron los temas clave en materia ambiental este 2021? Seleccionamos los reportajes que marcaron nuestra cobertura en Latinoamérica y que explican el panorama ambiental durante el año.

Limpieza étnica silenciosa: es lo que está sucediendo al Pueblo Manjui en el Chaco paraguayo. Sus tierras ancestrales se encuentran invadidas por empresas ganaderas y carboneras. En 1998, el Estado paraguayo adquirió 38.406 hectáreas para esta comunidad, pero nunca les fueron transferidas.

Dados parciais da CPT: Violência contra ocupação e a posse, assassinatos de sem-terras e mortes em consequência disparam em 2021.

Los desalojos violentos se recrudecieron en los últimos meses, tras la aprobación de la ley Zavala-Riera: mujeres y niñas las más afectadas.

Históricamente el campesinado ha sido relegado en su condición de sujeto político y social por parte de quienes manejan el Estado paraguayo. La gran masa campesina ha tenido que utilizar diversas formas de protestas sociales para que sus reclamos y demandas sean escuchadas, en ocasiones escuchadas y olvidadas, en otras, con alguna incidencia dentro de la estructura estatal. En este último caso por lo general se ha dado como logro de la organización y movilización campesina que lleva más de un siglo en el país.