Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

"Os grileiros se aproveitam da leniência do governo para incendiar o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia e, assim, destruir a vegetação das terras públicas, em sua maioria devolutas e tradicionalmente ocupadas, buscando consolidar processos de grilagem. Contam, desde o princípio, com a perspectiva de posterior regularização fundiária sobre as terras griladas, ou mesmo com a conivência dos Cartórios de Imóveis, e com a anistia do desmatamento ilegal, mesmo sobre áreas de reserva legal obrigatória de imóveis rurais já regularizados. É um ciclo histórico de fogo, desmatamento, grilagem e anistia, baseado na certeza da impunidade, e aprofundado por um governo que desmonta os órgãos de fiscalização e monitoramento e arma as classes proprietárias rurais para avançar com a pistolagem e conflitos no campo".

Este jueves 24 de septiembre de 2020, la Jueza Constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Cotacachi, Carmen Inés Jaramillo Cevallos, concedió la Acción de Protección con Medida Cautelar a favor de los derechos de la naturaleza, en contra de los intereses económicos de las transnacionales y la omisión del Ministerio del Ambiente (MAE) de sus responsabilidades como autoridad ambiental.

Pobladores, comunidades y organizaciones de 15 pueblos indígenas de México anunciaron la creación de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) para «hacer manifiesto al Estado mexicano que la Nación Pluricultural prevista en nuestra Constitución sigue siendo una quimera y que las políticas y leyes vigentes continúan excluyendo a los pueblos y lacerando sus derechos fundamentales».

Levantamento inédito revela que empresas não notificam casos de 2 em cada 3 trabalhadores com carteira assinada intoxicados por pesticida.

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería denuncia la campaña de intimidación y amenazas contra residentes de la comunidad Mina la India, por parte de la empresa minera de capital británico Cóndor Gold.  Desde principios de 2020, residentes de esta comunidad han denunciado una renovada campaña de acoso por parte de oficiales del gobierno, acompañados de elementos de la Policía Nacional, para que vendan sus propiedades a dicha empresa. 

En el papel, la comunidad afro de ese consejo comunitario es dueña de 107 mil hectáreas de tierra en el Bajo Atrato (Chocó). En la práctica, el 95% de las tierras productivas están en manos de una decena de empresarios que las adquirieron en medio de la arremetida paramilitar a la región. El Cinep documentó este caso y lo entregó también a la Comisión de la Verdad.

Vivimos en medio de una pandemia, pero el cambio climático es una crisis tan grande como siempre lo ha sido. ¡Hacemos un llamado para el día de acción global el 25 de septiembre, de cualquier manera que sea segura para ti y tu comunidad!

El pueblo Shuar Arutam condena a la trasnacional canadiense Solaris Resources por haber manipulado a comunidades nativas, a fin de que se establezca un convenio para la extracción de cobre en la Amazonía. Demandan la pronta salida de la empresa minera dentro de su territorio.