Extractivismo

El avance sobre las tierras indígenas ha crecido durante el gobierno de Jair Bolsonaro y pone en jaque la cultura, la economía y las formas de vida de las comunidades. En el Congreso existen numerosos proyectos de ley que afectan la ocupación tradicional indígena y responden a las necesidades del extractivismo. A su vez, la presencia de garimpos en los territorios propaga la malaria y el Covid-19, lo cual pone en jaque un sistema de salud que no tiene suficiente capacidad de respuesta. La amenaza de un posible genocidio está latente.

Entre los ejes del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 está el Eje de Transición Ecológica, que incorpora políticas relativas al sector eléctrico, de hidrocarburos, minería y sus consideraciones relacionadas con la conservación de ecosistemas, cambio climático y prácticas ambientales. Para el Gobierno, la transición ecológica se enmarca en propuestas liberales como el desarrollo sostenible o las libertades individuales. El Plan, además, parte de una nueva territorialidad que no toma en cuenta que somos un país plurinacional, con territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades, y tierras comunitarias.

El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) está a punto de levantar la moratoria sobre nuevas concesiones madereras. Si tiene éxito, millones de hectáreas de selva estarían disponibles para la explotación industrial de madera. La comunidad internacional debe movilizarse para evitar este desastre medioambiental.

El eje económico del Plan de Creación de Oportunidades, presentado por Guillermo Lasso como la base de su propuesta de país, incluye un objetivo para el fomento de la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero bajo el enfoque de la economía circular. Lo que allí se encuentra no tiene nada que ver con las identidades socioecológicas que existen en nuestro país y que han cumplido un papel importante en el surgimiento de los diversos sistemas de producción (y alimentación) locales. 

De acuerdo con el monitoreo del Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente Perú perdió 203 mil hectáreas de bosques en el año 2020. En un contexto marcado por la pandemia la pérdida de bosque de 2020 ha sido la más alta de las dos últimas décadas.

Todos los países de latinoamericanos viven, desde hace décadas, crisis tras crisis. No hay excepción. De manera simultánea y avasallante se sobreponen y retroalimentan las crisis de la modernidad, la democracia, la economía, la seguridad, lo ambiental y los derechos humanos en cada uno de los territorios de la región. ¿Cómo y desde dónde arrojar luz para comprender y revertir este agotador y desesperanzador cúmulo de crisis?

En momentos en que se presenta una nueva demanda internacional contra el presidente de Brasil por crímenes contra la humanidad por la devastación que está causando su política de deforestación en la Amazonia se difunde un informe que destaca la responsabilidad de empresas y bancos occidentales en esas prácticas.

A las 22 horas de la noche del 18 de octubre en el Consejo de la Judicatura de la Provincia de Pastaza se dictaminó una sentencia que, debido a la gravedad de los derechos colectivos vulnerados, ya se define como “histórica”. Al cabo de dos días de audiencias, la jueza Laura Cabrera aceptó la acción de protección interpuesta por la Nación Sapara del Ecuador (NASE) y la Defensoría del Pueblo de Pastaza en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por haber vulnerado los derechos colectivos de este pueblo indígena de la Amazonía Ecuatoriana.