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Agro-negocios, fumigaciones, monocultivos. Las políticas nacionales para el “campo” tienen su contrapeso en el saber ancestral del vínculo entre el ser humano y el territorio. Desde el corazón sojero del país, un mapuche advierte que “mientras soberanía alimentaria no signifique acceso a la tierra serán solo palabras para título de algún medio de prensa”.

Las regiones de la Mixteca y la Sierra Negra, un corredor biológico y cultural de Puebla a Oaxaca, padecen una sequía que cumple 20 años. Las comunidades indígenas y campesinas viven en la incertidumbre. Cada ciclo agrícola se preguntan si nacerá y crecerá el maíz sembrado, y si contarán con el agua suficiente para vivir.

El Tribunal Administrativo de Nariño respaldó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, que suspendió las licencias para reanudar las fumigaciones sobre las 170.000 hectáreas de cultivos de coca que, según cifras oficiales, hay actualmente sembradas en Colombia, 59% de ellas concentradas en 14 departamentos y 104 municipios, que son el foco del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato- “PECIG”.

Como era de esperar la Iniciativa Popular impulsó al lobby minero a mover piezas en el tablero de ajedrez donde se juega la disputa de sentidos. Deslegitimado socialmente se posiciona a través de campañas publicitarias. Es que la gran llegada de la Iniciativa Popular los preocupa. Y tienen razón para preocuparse, a solo un mes del lanzamiento varias comunidades superan el 10% del padrón electoral, tres veces lo que exige la legislación.

Nas plantações de milho do Brasil, a contaminação das variedades crioulas pela transgenia – anunciada pela primeira vez em um veículo de comunicação em 2009, um ano após a liberação do cultivo comercial do milho transgênico no país – acontece em proporções cada vez maiores em todas as regiões. Inclusive, no Semiárido que concentra 4 em cada 10 estabelecimentos da agricultura familiar do Brasil e onde o avanço da agricultura convencional não foi observado de forma tão agressiva como em outras regiões devido o desafio da escassez de água.

Históricamente excluidos, discriminados, atacados, despojados, los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, son las víctimas olvidadas de la pandemia del coronavirus. El gobierno demoró más de dos meses en reaccionar ante la grave crisis en estas poblaciones y anunciar algunas medidas, pero solo para la Amazonia. Medidas que, según denuncian dirigentes indígenas y especialistas, han quedado en el papel sin implementarse o son insuficientes. Según datos oficiales, el 25 por ciento de los peruanos son indígenas, es decir unos 8 millones, de los cuales algo más de 300 mil pertenecen a pueblos originarios amazónicos y el resto a comunidades andinas. Es en la Amazonia donde la pandemia golpea con más dureza. Ahí la situación es dramática. Organizaciones indígenas han demandado judicialmente al gobierno.

La firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) del pasado 1 de julio significa un avance en la construcción de un marco jurídico favorable a los megaproyectos que el presidente Obrador promete como plan de desarrollo para México. La mirada va de inmediato hacía el Istmo de Tehuantepec, ya que representa el acceso al Pacífico de uno de esos mega-proyectos, el Corredor Interoceánico, una inmensa infraestructura de conexión comercial con el Atlántico. El istmo es también un área estratégica porque rica en petróleo y codiciada por la energía eólica, y el pasado 21 de junio fue el escenario del asesinato de 15 personas.

Con el lema “Alimentando la vida, en Libertad y Soberanía”, el Movimiento por las Semillas Campesinas de Misiones impulsa diversas acciones en el Marco de la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas con el fin de “Revalorizar a las comunidades campesinas e indígenas.