Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El lunes 3 de marzo, la activista Alejandra Parra, miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA, interpuso una querella por amenazas en su contra, por hechos que han ocurrido en relación a su trabajo de defensa de la naturaleza y los derechos ambientales frente el proyecto WTE Araucanía, que pretende instalar un incinerador de basura en el ingreso norte de Lautaro.

Comenzó el juicio en el que la constructora de oleoductos Energy Transfer reclama por unas protestas en 2016 un pago de 300 millones de dólares que la organización considera una amenaza para su supervivencia y una advertencia para silenciar a otras ONG.

El 2 de marzo de 2025 se cumplen 9 años de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres, luchadora incansable por los derechos de los pueblos indígenas, de la naturaleza y de la vida en Honduras. A casi una década de su asesinato, el camino hacia la justicia ha sido arduo y marcado por obstáculos impuestos por quienes han querido garantizar la impunidad de los autores intelectuales del crimen.

Los incendios forestales en el sur argentino no sólo arrasan con miles de hectáreas de bosque nativo, sino que también reconfiguran el acceso a la tierra en una región marcada por la especulación inmobiliaria, el extractivismo y la concentración de recursos estratégicos en pocas manos. Con el fuego como telón de fondo, la lucha no es solo por la tierra, sino por el control de sus recursos y el modelo de desarrollo que se impone en la región.

Investigação da organização Empower denuncia envolvimento das duas multinacionais em sistema de exploração de cafeicultores familiares mexicanos. Repórter Brasil já revelou casos de trabalho escravo na rede de fornecedores brasileira de ambas as empresas.

Este viernes (7), la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la sentencia a 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, uno de los autores del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016.

Se sospecha que el tráfico de tierras y la minería ilegal desatada en el Parque Nacional Madidi en Bolivia es responsable del crimen.

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, presentó en Mérida, Yucatán la “Guía de derecho de acceso a la información ambiental para la Defensa de la Tierra y el Territorio”, cuyo objetivo busca dar a conocer el derecho de acceso a la información ambiental como una herramienta básica que permita a las personas de los pueblos y comunidades indígenas en México, ejercerlo; principalmente a quienes se encuentran en procesos de defensa en asuntos ambientales.