Uruguay

Una nueva preocupación invade a los uruguayos: una empresa china compró un vasto terreno en la playa montevideana de Punta Yeguas, donde planea construirá un megapuerto para brindar logística a una ciudad flotante de medio millar de barcos pesqueros legales (e ilegales) con consecuencias dramáticas para el ecosistema marítimo por la excesiva captura no regulada de los preciados y escasos recursos ícticos del Atlántico Sur. 

Este martes 11 de diciembre se aprobó en la Cámara de Diputados, transformándose así en Ley, el Plan Nacional de Agroecología, iniciativa de productores y productoras familiares agroecológicos de Uruguay y las organizaciones sociales que impulsan este principio político de la Soberanía Alimentaria.

La Cámara de Senadores aprobó ayer, por unanimidad, un proyecto de ley en el que se declaran de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica y se crea una Comisión Honoraria Nacional a efectos de desarrollar un Plan Nacional de Agroecología (PNA). Los productores familiares agropecuarios y los sistemas de producción agrícola urbana y suburbana constituyen los principales sujetos de este proyecto.

En el año 2004, Uruguay fue el primer país que puso en su Constitución el acceso al agua potable como un derecho humano y un bien común, no una mercancía. La ley de riego aprobada por el Parlamento del país en 2017, autoriza a los privados a embotellar el agua y venderla, es decir, contradecir la Constitución nacional.

"En el marco del cierre de la recolección de firmas contra la Ley de Riego, la Asamblea Nacional Permanente, organiza su 10a marcha nacional en defensa del Agua y la Vida".

En diálogo con RMR, el investigador Rafael Vidal y sus colaboradores, de la Universidad de la República, repasan los resultados preliminares de su investigación sobre variedades de maíz criollo en el bioma pampa de sur de Brasil y el Uruguay.

Un informe especial sobre el encuentro binacional (Uruguay-Brasil) de Semillas Criollas celebrado en la frontera Rivera-Livramento.

La Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay (INDDHH) emitió una resolución en la que señala que el Estado no ha cumplido con su deber de garantizar el derecho a la vida y a la salud de los trabajadores arroceros expuestos a agroquímicos y exhortó a que la Dirección Nacional de Medio Ambiente tenga una “participación activa” en el seguimiento de estas situaciones.